| Luchar
por la destitución de Ibarra
El
juicio político a Ibarra entró
en la recta final. Numerosos testimonios
confirmaron su responsabilidad. El 28 serán
los alegatos y el 10 de marzo el veredicto.
Con la renuncia de Romagnoli, los votos
del kirchnerismo son clave para el resultado.
El 1º tenemos que acompañar
masivamente la marcha de los padres y sobrevivientes,
exigiendo que Ibarra sea destituido e inhabilitado
para ejercer cargos públicos.
Que Chabán, la policía y los
funcionarios corruptos también son
culpables por Cromañón no
hay duda. Eso lo juzga la justicia penal.
El juicio político juzga otra cuestión:
la responsabilidad política que por
esa masacre y esa corrupción le cabe
a Ibarra como máxima autoridad de
la Ciudad. Ese juicio llegó a su
fase definitoria. Terminadas las declaraciones
de los testigos, el martes 28 harán
sus alegatos los fiscales y la defensa,
y el 10 de marzo la sala juzgadora dará
el veredicto.
“A
los pibes los mató la corrupción”
Y es así. En la Ciudad había
un circuito de caja política dirigido
por Ibarra. Se intentó tapar esto
con testigos como Juan Carlos López,
que dijo “la culpa es mía,
no de Ibarra.” Es la vieja maniobra
de culpar a alguno para salvar al de arriba.
Pero a López, su ex cuñado,
Ibarra lo puso como Procurador de la Ciudad
y luego como secretario de Seguridad. Y
a Fiszbin, íntima de Vilma Ibarra,
la pasó de Directora de Empleo a
Subsecretaria de Control Comunal. Y a Antuña
lo pasó de Director de Verificaciones
y Control a Subsecretario de Trabajo, encima
reteniendo el control de los boliches nocturnos.
¿Qué tiene que ver Trabajo
con controlar boliches? ¡Era un coto
de caza que Ibarra dejaba en manos de sus
cómplices!
Ibarra no podía ignorar lo que hacían.
Son funcionarios de primer nivel y de su
círculo íntimo, que él
reciclaba de un puesto a otro siempre al
servicio de recaudar. Se reunían
habitualmente con la cámara de boliches,
los mismos empresarios con los que Ibarra
hizo la conferencia de prensa después
de Cromañón (entre ellos los
dueños de Millenium y Follia, boliches
ilegales donde los ibarristas festejaron
el fin de año de 2003 y 2004). Por
eso no había inspecciones de oficio
sino listas armadas desde arriba, operativos
selectivos, órdenes por handy, expedientes
sin registrar y todo tipo de irregularidades.
Y por eso en todo el 2004 el gobierno no
inspeccionó Cromañón,
uno de los principales boliches, incluso
sabiendo que el certificado de incendio
había vencido. Ni accidente ni tragedia:
¡corrupción!
Los cambios de áreas y de funcionarios
que hizo Ibarra sólo sirvieron para
pasar de las coimas feudalizadas a una recaudación
centralizada. No es, como dice el macrismo,
que había un “Estado bobo”,
ineficiente. No controlar a los empresarios
amigos era una decisión política
conciente. Esta corrupción estructural,
esta complicidad entre empresarios y gobierno,
es la que terminó provocando la masacre
de Cromañón.
Ibarra, responsable
político
Con este manejo perverso de las habilitaciones
e inspecciones (o poder de policía)
Ibarra violó -entre otros- el art.
104 de la Constitución porteña,
que establece que el jefe de gobierno es
responsable de “nombrar a los funcionarios...
y ejercer la supervisión de su gestión”.
A esto se suma que recibió alertas
de la Defensoría, la Auditoría
y la Legislatura sobre la falta de seguridad
en boliches y no hizo nada. Y que el operativo
de emergencia del 30 fue desastroso. La
policía no puso vallado y el gobierno
no la obligó. En ese caos, el 40%
de los chicos murió por socorrer
a otros. Hubo hospitales desbordados como
el Ramos o el Penna, donde enviaron vivos
y muertos, mientras el Curie o el Churruca
no se usaron. ¡El jefe de la guardia
del Clínicas, a 10 cuadras de Once,
testimonió que su hospital podía
atender más gente si se la hubieran
mandado! El calvario del CGP, la Morgue
judicial y Chacarita el día 31 fue
parte del mismo y brutal desinterés
por los familiares de las víctimas.
Todos estos cargos se sintetizan en la acusación
formal por mal desempeño en el ejercicio
de sus funciones, que votó la Legislatura
y la sala juzgadora debería ratificar.
Renunciado Romagnoli y con la incierta postura
de los legisladores kirchneristas, la movilización
sigue siendo la única garantía
para evitar la impunidad y lograr la destitución
definitiva de Ibarra.
Pablo Vasco
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