El FMI, cómplice de la dictadura

El jueves 23 de marzo, en los Tribunales de Comodoro Py, Vilma Ripoll, Patricia Walsh y Mario Cafiero ratificarán la denuncia penal que Mario Cafiero, Patricia Walsh y ella misma iniciaron contra el FMI por su responsabilidad en el financiamiento de los crímenes de la última dictadura militar.
Diche denuncia fue presentada en setiembre de 2005 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se investigue la responsabilidad del FMI y sus funcionarios en el apoyo financiero a la dictadura, así como la responsabilidad de funcionarios argentinos, en particular los del Ministerio de Economía: todos ellos fueron “partícipes necesarios” en los crímenes de lesa humanidad cometidos. A la denuncia adhirieron Antonio Sofía y otros dirigentes del PCR-CCC, Gustavo Giménez del MST Teresa Vive, y Agustín Vanella, presidente de la FUBA.
La denuncia sostiene que la dictadura, “ante la inexistencia absoluta y provocada de los controles republicanos, pudo consolidar un proyecto político-económico sin oposición posible en el marco de una masiva violación de los derechos humanos... Así como para perpetrar el terrorismo de Estado fue necesaria una organización que hiciera operables los grupos de tareas, los centros de tortura y detención, el exterminio y desaparición de personas, vuelos de la muerte, fosas comunes, etc., análogamente, en el plano económico, este régimen requirió de un sistema de corrupción estructurado… es inocultable que el poder de las armas requirió del poder económico y que éste fue aportado por los cultores de la escuela de Chicago y por funcionarios de organismos internacionales que lisa y llanamente decidieron apoyar con fondos frescos a un gobierno cuyas violaciones a los derechos humanos era tan pública y notoria en el exterior que no se podía desconocer.”
En diciembre de 2005, por dictamen del Procurador General de la Nación y “ante la gravedad de los hechos denunciados”, la Corte Suprema decidió abrir paso a la investigación penal en un juzgado federal. Por sorteo, la causa quedó radicada bajo el Nº 2215/06 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4, Secretaría 7, a cargo del Dr. Lijo, quien citó a ratificar la denuncia.