Vivienda para todos

La semana pasada, la ocupación y saqueo de viviendas en el Bajo Flores, hizo estallar a ojos de toda la población la verdadera crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. La corrupción y guerras entre funcionarios y “organizaciones” de las internas políticas del gobierno de la Ciudad y la Legislatura. Los “curros” de punteros y empresas para llenarse de plata con las viviendas de los pobres. Y la falsedad de las campañas del gobierno de la Ciudad, de “vivienda digna para todos”.

En el Bajo Flores, 90 viviendas construidas por años de lucha de los vecinos y delegados de la 1-11-14 (y que sería para los afectados de un plan de urbanización) se transformó en un “botín” a rapiñar por los punteros de distintos sectores, usando la desesperación de pobres para enfrentarlos entre si. Mientras, la policía “liberaba” la zona y esos mismos punteros saqueaban y destruían las viviendas. Ahora están censando y prometen más viviendas ( 90 y 120). Pero son miles las familias de los dos barrios (Rivadavia y la 1-11-14) que viven hacinados en piecitas, por $200 de alquiler, la inmensa mayoría inmigrantes sin documentación o una “precaria” que, a pesar de las promesas del gobierno, no les reconocen ni siquiera pasa censarse.
Toda la ciudad está cruzada por la lucha de familias con problemas de vivienda. Por ejemplo: al otro día de los hechos del Bajo Flores, vecinos de la AU 7 (asentamiento de Soldati de más de 700 familias)) cortaban las vías del premétro por la adjudicación de los terrenos que ya fueron expropiados. Y por un generador de luz para el barrio: ya se incendiaron casillas por la instalación precaria de luz. Decenas de barrios, como el “Pueblito” de Pompeya, la villa INTA de Barrio Bermejo o la manzana 28 de Lugano, reclaman que les sea adjudicada la tierra (fiscal). Y los vecinos de La Lechería de Paternal, resistieron e impidieron el desalojo.

Basta de Desalojos. Necesitamos medidas de fondo para resolver el problema

Tellerman y D’Elía constatan horrorizados el aumento de asentamiento de familias en villas y predios (40.000 sólo en la villa 31 y Chacarita). Lo que no dicen es que todos los días se efectúan decenas de desalojos en la Ciudad, desde pequeñas viviendas hasta asentamientos enteros. Que la crisis y el aumento de alquileres deja a miles de familias de desocupados, e incluso trabajadores en negro o precarizados, en la calle. Que en estos años casi todas las expropiaciones realizadas por la Corporación Sur fueron a favor de empresarios y “negocios” de funcionarios. Que los planes de vivienda, además de insuficientes, son terreno de negociados de empresas constructoras, y de punteros de los grandes partidos de la Ciudad y el gobierno, que los adjudican según su conveniencia y “la campaña política de turno”, y no la necesidad de la gente.
Hay que parar ya los desalojos y tomar medidas de fondo para resolver el problema de vivienda, con el subsidio habitacional ($1800 por única vez) no alcanza para nada. Tampoco son solución las pequeñas cooperativas de vivienda. Además de que el estado no puede delegar la solución del problema a los propios afectados, las cooperativas resuelven la situación de unos pocos. Y, en muchísimos casos fracasan, luego de años de sacrificio, porque el Gobierno no les da todos los medios.
La Ciudad está llena de tierras fiscales. O totalmente improductivas, en muchos casos verdaderos basurales en manos de pulpos empresarios. Hay que terminar con la Corporación Sur y sus “curros”. Allí podrían construirse decenas de miles de viviendas, con un verdadero Plan de Obras Públicas que, además, generaría miles de puestos de trabajo. A cuotas sociales o muy bajas para los beneficiarios.
Son decenas los barrios que se han construido con el sacrificio de miles de familias pobres o desocupadas. Adjudicación ya de esas tierras a sus ocupantes, con todas las facilidades para que avancen en la urbanización, y que se los provea de los servicios mínimos elementales.
Plata hay, la Ciudad tiene un superávit histórico. El problema es para qué la están usando.
Con la intervención del IVC no alcanza. Control del censo, los planes de vivienda y su adjudicación por parte de las organizaciones sociales, barriales y los vecinos.
Desde la asunción de Telerman, en medio de una guerra de “internas”, el ministerio de Obras Públicas y la ex CMV fueron reestructurados, con varios cambios de funcionarios. Ahora intervienen el IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad) en nombre de la “transparencia”, con los mismos funcionarios de antes. Hablan de “más participación de las organizaciones”. Pero muchas de ellas ya están incorporadas a la gestión oficial (como el ex-piquetero D’Elia, Barrios de Pie y otras). Y, en los barrios el censo está en manos de los mismos punteros que no se han caracterizado, precisamente, por su “transparencia”: discriminan por nacionalidad o pertenencia política, y están censando sólo a sus amigos y familiares.
Hay que darle verdadera participación a todas las organizaciones sociales y de base de los barrios, y control directo a los vecinos. Tanto para los censos, como para los programas de vivienda y su adjudicación.

Necesitamos un plan de lucha unificado por estos objetivos

En todos los barrios se está luchando por este problema. Se realizan pequeñas o grandes marchas. Los punteros y organizaciones amigas del gobierno están intentando dividir los barrios e impedir la participación de vecinos, para manejarlas a favor de sus “negocios”. Hay que terminar con esto. Necesitamos asambleas masivas de los barrios, donde se vote con total claridad por qué y cómo nos movilizamos, y quiénes nos van a representar. Y coordinar un plan de lucha entre todas las organizaciones que estemos por estos objetivos.