La nueva Ley de Educación Sexual

Hace pocos días, obligado por una creciente demanda social, el Congreso nacional aprobó la Ley de Educación Sexual en base a un proyecto del gobierno. Damos aquí una primera opinión sobre dicha ley, que bajo una apariencia progresiva esconde ambigüedades y consensos con la Iglesia que la vuelven ineficaz.
* En primer lugar, hay ambigüedad sobre la responsabilidad del Estado. La ley plantea que todos tienen el “derecho a recibir” educación sexual, pero el gobierno no establece su deber de garantizarla. Brindar educación sexual debe ser una obligación explícita del Estado.
* Los plazos que la ley da al Ministerio de Educación para poner en vigencia la ley son excesivamente dilatorios: cuatro años. Si la ley de arranque permite un plazo tan extenso, se abre la posibilidad de que por las presiones su aplicación se dilate más y más.
* Otro grave problema es lo que establece el artículo 5º: “Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”. Es decir, cada institución educativa privada y/o religiosa mantendrá el derecho de informar o no correctamente a los niños, niñas y jóvenes sobre sus opciones en materia sexual y reproductiva. Una consecuencia de esto es que las instituciones confesionales seguirán impartiendo información deformada y anticientífica: que el preservativo no protege del VIH, que el único método seguro de “cuidarse” es la abstinencia, que la masturbación es nociva para la salud, que toda orientación sexual distinta a la heterosexualidad monogámica es “anormal” y tantas otras falacias.
* Según el artículo 7º de la ley, debe existir “un diálogo sobre sus contenidos con distintos sectores del sistema educativo nacional”. O sea, la Iglesia y otros credos tendrán injerencia sobre los contenidos específicos de los programas. Como reconoció el ministro Filmus, “se fijarán por consenso”... Por si fuera poco, la nueva ley ni siquiera menciona temas concretos como prevención de enfermedades de transmisión sexual, anticoncepción y embarazo adolescente, planificación familiar o diversidad sexual. ¡Se omiten justamente las problemáticas centrales, como si fueran “pecados”!
* A su vez, el artículo 6º permite que las provincias que ya tengan algún programa de educación sexual, sea o no acorde a las necesidades actuales, puedan no adecuarlos a la nueva ley nacional. Mayor riesgo aún si por cuatro años las provincias, donde el peso de la Iglesia es mayor, pueden “armar” leyes o programas retrógrados, funcionales al interés clerical.
En realidad, Kirchner y Filmus, lejos de haberse “puesto firmes” con la cúpula de la Iglesia, le han cedido. Buscando calmar las aguas en la sociedad, con esta ley siguen ignorando el derecho de los y las menores a contar con toda la información necesaria para poder decidir y actuar libre y responsablemente. La ley que hoy hace falta poco y nada tiene que ver con el engañoso proyecto oficial aprobado. Necesitamos que el Estado asegure, en todos los niveles de la enseñanza y adaptados a cada edad, una verdadera educación sexual, laica, científica y moderna. Sin ingerencia, presiones ideológicas ni prejuicios morales de los sectores religiosos. Como vemos, sigue siendo una tarea pendiente.