Romero victorica: fiscal del genocidio en la cámara de casación

Como saben, uno de los actuales fiscales ante la Cámara Nacional de Casación penal, Juan Martín Romero Victorica, me inició una querella por supuestas calumnias e injurias pidiéndome 4 años de prisión.

Escribe: Marcelo Parrilli Presidente del CADHU Candidato a diputado Nacional
por el MST - Nueva Izquierda en Capital

Romero Victorica se ofendió porque, el año pasado, en el programa “La Cornisa” de Luis Majul, al cumplirse un nuevo mes de la desaparición de Jorge Julio López, dije que muy poco protegidos podían sentirse los testigos que declaraban en las causas por violaciones a los derechos humanos si, por ejemplo, teníamos en cuenta que en la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, por donde deben pasar inevitablemente todas las causas de los militares genocidas, había gente directamente vinculada al aparato judicial y a las fiscalías de la dictadura.
Aclaré que los casos eran los de Romero Victorica, el ex juez federal de la dictadura, Pedro Carlos Narvaiz, también fiscal de Casación y el del juez Alfredo Bisordi. Se trata de casos de gente que resultó, desde la función que cumplían, partícipe necesario de los secuestros, torturas y desapariciones.
El juicio que hace Romero Victorica servirá para probar la verdad de mis dichos. Las pruebas sobran. Es público y notorio que se trata de un ultraderechista claramente identificado con la dictadura así como con la defensa judicial y política de los genocidas. Doy un par de ejemplos. Romero Victorica sigue sosteniendo –contrariamente a lo dicho por la Corte Suprema y prácticamente todos los tribunales del país que han declarado la imprescriptibilidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura e incluso durante el gobierno de Isabel Perón- que las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares están prescriptas. Es decir, que los militares no deben ser juzgados. Por eso pidió que se anulara una condena a Etchecolatz y el médico policial Bergés en la causa de una joven uruguaya secuestrada y dada en adopción a represores. El último ejemplo: Romero Victorica es íntimo amigo de Gustavo Adolfo Eklund, alias “el alemán”, ex integrante de la Triple A, probablemente integrante de la patota que asesinó a Ortega Peña y actualmente detenido por violaciones a los derechos humanos. Eklund lo visitaba en su despacho cuando Romero Victorica, en los años ‘79 y ‘80 era secretario de un juzgado de instrucción y la máquina de secuestrar, torturar y matar funcionaba día y noche.
Este juicio pone de relieve también una cuestión mucho más importante. La complicidad de todos los gobiernos civiles desde 1983 a la fecha con quienes integraron el aparato represivo judicial y fiscal de la dictadura. Esa complicidad es lo único que explica que después de casi 24 años de gobiernos democráticos, este viejo partícipe del genocidio no solamente no haya sido echado de la justicia y juzgado sino que siguiera ascendiendo hasta un lugar clave en el enjuiciamiento de los crímenes del terrorismo de Estado.
La complicidad de Kirchner y su gobierno quedan claras por la pasividad del Procurador General de la Nación, el Dr. Esteban Righi, ex Ministro del Interior de Cámpora, quien no toma medida alguna para sacar de su puesto y enjuiciar a Romero Victorica.
Agradezco desde ya la solidaridad de todos los compañeros y su presencia en el escrache que le hicimos a Romero el día de la primer audiencia del juicio. Fue por el temor a ese escrache que no se presentó y mandó solamente a sus abogados.
El camino de la movilización y la denuncia pública, será, como sabemos, el que tendremos que seguir recorriendo para que efectivamente se juzgue a todos los responsables y ejecutores del sistema de terrorismo de Estado y se empiece a avanzar sobre las responsabilidades de quienes todavía, como Romero Victorica, no solamente están impunes sino en el centro mismo del aparato represivo del Estado.