Los demás responsables del
genocidio también deben ir presos

El 9 de octubre el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó al cura Christian Federico Von Wernich a la pena de reclusión perpetua por encontrarlo culpable de 7 homicidios, 31 casos de tortura y 42 privaciones ilegítimas de la libertad.

Escribe Marcelo Parrilli Abogado defensor de Derechos Humanos Candidato a Diputado Nacional por Capital

Von Wernich actuó junto al ex jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires, Ramón J. Camps y su Director de Investigaciones, Miguel Etchecolatz, en todos los campos que dependieron directamente de esa Dirección ubicados en las inmediaciones de la ciudad de La Plata.
La condena de Von Wernich, la primera en la Argentina que afecta a un miembro de la Iglesia católica y la segunda en el mundo en toda la historia, es una conquista enorme del movimiento de masas encabezado por los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, y organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales y políticas democráticas.
Los crímenes de Von Wernich no fueron algo aislado dentro de la jerarquía eclesiástica católica. La mayoría de los obispos apoyó la dictadura y, con excepción de unos pocos, no solamente miraron para otro lado mientras se ejecutaba el plan de exterminio sino que, en muchos casos, se convirtieron en verdaderos voceros y apologistas del genocidio. Para el caso, el ex obispo de La Plata, monseñor Antonio Plaza, fue íntimo de Camps y de Suárez Mason. También fueron veraderos cuadros del terrorismo de estado los obispos Sansierra, de San Juan, Bolatti, de Rosario, García, de Mar del Plata, o el vicario castrense Bonamín. Todos ellos deben ser juzgados y condenados.
También tenemos que seguir movilizados para juzgar y castigar a los jueces y fiscales de la dictadura, muchos de los cuales integran actualmente el poder judicial y son mantenidos en sus cargos por este gobierno, y a los dirigentes políticos, sindicales y sociales así como los empresarios que colaboraron con el genocidio y se beneficiaron con él.
Esta es una pelea muy dura porque, a diferencia de los militares, derrotados por la movilización popular, estos últimos siguen siendo factores de poder y, en muchos casos, están directamente vinculados a este gobierno.
Ya sabemos que dos de los fiscales generales ante la Cámara de Casación Penal, Romero Victorica y Narvaiz, fueron funcionarios de la dictadura y que el actual juez de ese tribunal, Alfredo Bisordi, es un reconocido nazi y ex funcionario judicial de la dictadura. Es más, actualmente en la Cancillería trabaja otro ex juez del genocidio, Nicasio Dibur.
Por otro lado, los grandes grupos económicos que se beneficiaron con la dictadura son los que siguen dictando los rumbos de la economía y engrosando sus fortunas sobre el hambre y la miseria de los sectores asalariados. Por su lado, la burocracia sindical –directamente vinculada al genocidio a través de la entrega de listas de activistas a los militares y, antes de eso, como factor fundamental de los crímenes de la “Triple A”, también forma parte del gobierno de Kirchner y su esposa.
Por todo eso es fundamental que continuemos movilizados para avanzar en el juzgamiento de todos y cada uno de los responsables y ejecutores del sistema de terrorismo de Estado, teniendo en claro que este gobierno solamente utiliza los derechos humanos como elemento de propaganda para cubrir su verdadero rostro pro imperialista y represor.

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Otro paso contra la impunidad Condenaron al genocida Von Wernich