Reprimen a trabajadores del transporte

Como en un revival de la tristemente célebre represión a las puertas de la Legislatura porteña del 2004, volvieron los palos a la calle Perú. Esta vez contra los trabajadores del transporte que soportaron una feroz represión. Protestan contra una ley que, entre otros efectos, cercena el derecho al trabajo de miles de camioneros, taxistas y colectiveros.

Los episodios fueron presentados por la prensa como una batalla campal, supuestamente originada por dirigentes sindicales moyanistas, aprovechando que, por cierto, no gozan de ninguna buena imagen popular. Sin embargo las cámaras de TV mostraron la realidad: la Guardia de Infantería pertrechada con palos, balas de goma y gases, trabajadores apaleados en el piso, heridos internados… Tan evidente fue la represión, que el gobierno no tuvo más remedio que anunciar la sanción de algún agente presa de la cultura de impunidad con la que actúan.
La manifestación sacó a la luz una “ley de transporte” que estaban cocinando, una vez más todos juntos: macristas, kirchneristas y demás bloques, que quedó cuestionada. A su vez, los incidentes mostraron a una dirigencia sindical inconsecuente que anunció un paro y lo levantó un rato después, frente a un llamado de Kirchner a Moyano, sin ningún compromiso concreto de frenar la ley y con decenas de compañeros heridos por la represión. En lo que parece un anticipo del Pacto Social que intentan implementar.

Una ley de “mano dura” que no resuelve la crisis del transporte

La norma que preparan viene con formato europeo. Claro que en España, Italia o Francia, la infraestructura vial es un poco distinta a la de nuestro castigado país. Nos quieren vender una figurita repetida. Como cuando las leyes de mano dura de Blumberg iban a reducir el delito sin atacar las causas estructurales de miseria. Eso no sucedió. Como tampoco van a disminuir los accidentes y se va a resolver la crisis del transporte, sin un plan para cambiar de raíz el transporte público de pasajeros, inversión en autopistas, señalización correcta, eliminación de los pasos a nivel y otras obras públicas necesarias para salir del tremendo atraso de años de no poner una moneda al servicio de las necesidades populares. Lo que sí va a suceder de progresar esta ley es la penalización del “registro por puntos”, que puede llegar a la pérdida del registro y de la fuente de trabajo de miles de trabajadores peones de taxi, colectiveros, etc. Que van a pagar con su herramienta de trabajo las deficiencias estructurales de las unidades que manejan y la infraestructura vial obsoleta que pone cotidianamente en riesgo la vida de de trabajadores y usuarios de medios de transporte, es decir del pueblo.

Otra vez la inconsecuencia de los dirigentes

Defendemos la justicia del reclamo de los trabajadores y rechazamos la represión salvaje del gobierno, más allá del rol de sus dirigentes. Que volvieron a suspender el nuevo paro anunciado para el día 29. Confiando en sus negociaciones con los bloques legislativos. Ahora se anuncian posibles cambios en esta ley. Lo que no va es una negociación a espaldas de los trabajadores y usuarios del transporte. Hace falta frenar esta norma y pelear por un plan de inversión pública de emergencia para resolver la crisis del transporte. Contrariamente a los planes de contención de gasto anunciados por Cristina para la Nación y por Macri próximo a asumir, tijera en mano, para seguir preservando los negociados de la ciudad en detrimento de la calidad de vida de la población.