Patricia Walsh votó en contra

A continuación reproducimos extractos de la exposición de Patricia Walsh, legisladora porteña por el MST-Nueva Izquierda, en la sesión del 10 de Enero.

«…estamos asistiendo a la revelación de pactos sorprendentes, entre la Coalición Cívica y el macrismo para llevar a cabo una aberrante iniciativa legislativa… lo primero que podríamos decir es que hay 2.300 trabajadores que a partir del 31 de diciembre no tienen renovación de sus contratos. ¿No es importante hablar de los despedidos?
 
 …no fueron los trabajadores los que libremente decidieron vincularse de esta forma con la Ciudad de Buenos Aires. La existencia de contratos es responsabilidad de quiénes detentaron el poder político… ¿Acaso no sabemos que estos “contratos basura” son una de las cuestiones estructurales que hacen al neoliberalismo de los ’90?
¿No cuentan los trabajadores? Un día como hoy hace ochenta y nueve años hubo ciento cuatro muertos; eran ciento cuatro trabajadores, luchadores...
…la intervención de la obra social es la consecuencia obligada y repudiable de un conflicto que se inicia con un modo de gobernar esta ciudad.
A los que quieren legislar de este modo no les preocupa la salud de los trabajadores, sino los negocios y dentro de los cuales hay un número de trabajadores que va a poder irse a otra obra social. Esos son los negocios que hacen a espaldas del pueblo por los que tendrán que rendir cuentas; esos son los negocios en los que vergonzosamente tienen hoy de cómplices a la Coalición Cívica.
 …conocemos bastante bien las quejas y los padecimientos de los trabajadores con relación a los servicios prestados por la obra social. También hemos acompañado muchos de esos reclamos y quejas vinculados con todo tipo de cuestiones, como demora en turnos –dificultades incluso que han sido reflejadas por los medios de comunicación– o el tema del reconocimiento que hace el propio director del Hospital Méndez en el diario La Nación de ayer, diciendo “no damos abasto; recibimos 2.500 personas por día y tenemos capacidad para 1.500”. Repito: “no damos abasto; recibimos 2.500 personas por día y tenemos capacidad para 1.500”.
…estamos preocupados y comprometidos por lo que le pasa a estos afiliados que tienen esta obra social, y no la que merecen, la que pretenden o la que querrían tener.
El tema es debatir si la intervención resuelve o no el drama de los trabajadores con relación a la prestación de salud de esta obra social, y la respuesta es no. Por eso, no acompañamos este proyecto.
…hemos tenido movilización de trabajadores denunciando los despidos e, incluso, los peligros que están reconocidos en el proyecto legislativo que se somete a discusión pero que de ninguna manera están desafectados. Esos riesgos son la base de una cantidad de afiliados a la obra social, a otras obras sociales; esos riesgos están influyendo el destino y el futuro de los setenta mil jubilados, que no están rodeando esta Legislatura pero que seguramente estarán pendientes, no de esta votación sino de lo que ocurrirá con ellos en los próximos días o en las próximas semanas.

La verdad es que quienes han desfinanciado las obras sociales y los sistemas de previsión social son precisamente aquellos que pagan en negro, aquellas conducciones políticas –por ejemplo, que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires– que han optado por sistemas de prestación laboral, como son los contratos. Esto significa vaciar de recursos las obras sociales y el sistema de previsión.

Para mejorar la prestación del servicio, a esta obra social le hace falta algo que la propia entidad sindical puede darle y no lo hace: la participación democrática de los trabajadores cuyos aportes recibe. Por ejemplo, diseñar vías o caminos en los cuales los trabajadores tengan protagonismo. No se trata de cinco delegados o representantes del Poder Ejecutivo, cinco legisladores o cinco personas designadas por los gremios. En primer lugar, querríamos saber cuáles son los gremios, porque está claro que en esta discusión hay convidados y hay gremios que no están participando pero sí denunciando a través de los medios de comunicación que no forman parte de los acuerdos que se hacen a puertas cerradas; tal como ha hecho en los últimos días ATE Capital, que convoca a una cifra importante, porque se refiere a 17 mil trabajadores.

Estamos totalmente en contra de la intervención de la obra social. No va a resolver el problema de los trabajadores. Le abre la puerta a los peores negocios que se puedan hacer en nombre de los trabajadores, pero contra sus intereses, y los antecedentes de quienes impulsan este tipo de decisiones políticas en el máximo nivel de la toma de decisiones, nos hacen pensar que realmente creen que la Ciudad es excelente para hacer negocios y sus trabajadores bien pueden ser las víctimas.
 
Existe una historia de desregulación de las obras sociales. Existen damnificados, víctimas, perjudicados y beneficiarios. Las obras sociales sindicales nacieron en los años ‘40. En 1970 se universalizaron a través de la Ley 18610. La última dictadura militar las intervino en 1980 para debilitar a los gremios. A fines de 1988 el gobierno de Raúl Alfonsín impuso la famosa desregulación que le abrió las puertas al sector privado a través de las leyes 23360 y 23661. Luego, Cavallo, Menem y De la Rúa profundizaron ese rumbo con los decretos de libre opción, con el hospital de autogestión y del PMO, que es la canasta mínima de prestaciones. ¿Qué significó esto para millones de trabajadores activos y pasivos? La mayoría de las obras sociales quebró. Quedaron unas pocas grandes, que se fueron transformando en intermediarias de las prepagas, que sólo conciben la salud como un negocio. La atención no mejoró. Esto es abrirle la puerta a los negocios.

Por estas razones, el bloque Nueva Izquierda vota en contra.»