Un represor a cargo de la seguridad

El gobierno de Celso Jaque (PJ), que le ganó la gobernación al candidato de la Concertación de Cobos, debutó con una seria crisis institucional a raíz de la asignación de Carlos Rico como viceministro de Seguridad.
Rico fue instructor contrasubversivo de la Policía Federal en Mendoza durante la dictadura militar. La ex detenida Alicia Morales ya lo reconoció como uno de los policías que frecuentaba los calabozos del centro clandestino de detención D2, donde estuvo encarcelada.
El eje central de la campaña de Jaque fue la inseguridad. En largas publicidades televisivas se jactó de haberse asesorado con los gobiernos de EEUU, Inglaterra y el País Vasco (donde actúan algunas de las fuerzas represivas más brutales del mundo). Aseguró tener un “mapa del delito” y prometió efectuar un plan que en seis meses reduciría el crimen en un 30%.
Al asumir, le dio la cartera de Seguridad a Carlos Aguinaga, del Partido Demócrata (partido que gobernó junto a los militares en la última dictadura). Este, ya en el cargo, confirmó que aplicaría la política derechista y reaccionaria del PD, reconociendo no saber nada del “mapa del delito”.
Lo que quedó de las promesas de Jaque es la aplicación de una política afín a la de los países que visitó: la del PD. Después de esta burla y desprecio a los votos de la gente, lo que hizo estallar la indignación popular fue la asignación de varios ex comisarios, sospechados de haber actuado durante el «proceso», como funcionarios dentro del Ministerio de Seguridad. Y en especial, la asignación de Rico como viceministro. Estos tuvieron su primera aparición mediática a mediados de enero, cuando un comunicado interno entre la policía, los servicios de inteligencia y de Seguridad, que informaba sobre un seguimiento (escuchas telefónicas incluidas) de las actividades del Polo Obrero, llegó a manos de un periodista que lo publicó.
Mientras delegó Seguridad al PD, Jaque dejó la coordinación de DD.HH. a cargo de Pablo Salinas, dirigente del Polo Social y abogado de larga trayectoria en el mismo terreno.
El sábado 9 de febrero se anunció que el gobierno de Jaque sería querellante en todos los juicios contra los responsables de la dictadura en Mendoza. El mismo gobierno del cual Rico forma parte. El mismo día organismos de DDHH presentaron la denuncia contra Rico en los tribunales federales.
Esta contradicción derivó en crisis unos días después cuando un diputado demócrata y luego Aguinaga acusaron a la testigo Morales de ser un “estafadora” y a Salinas de estar detrás del accionar de los organismos de DDHH.
En medio de la anunciada crisis institucional, Jaque ratificó su apoyo tanto a Salinas como a las decisiones de Aguinaga y la permanencia de Rico, “para darle lugar a la justicia”. Es una situación insostenible en la que o Rico o Salinas tendrá que renunciar, lo cual sería un golpe importante para el gobierno, que lleva apenas dos meses.
Una multisectorial, formada al calor de estos hechos, que reúne a la izquierda, los organismos de DD.HH. y algunos sindicatos de la provincia, presentó un documento común en un acto frente a la Legislatura, exigiendo la destitución de Rico y la renuncia de Aguinaga. Es el primer paso de un plan de lucha que apunta a una gran movilización el 24 de marzo.