Otro "suicidio"

En la mañana del 10 de diciembre del año pasado, el ex represor Héctor Febrés fue encontrado muerto en dependencias de la Prefectura Naval en donde se encontraba detenido mientras se estaba llevando adelante su juicio. Febrés, ex prefecto mayor, conocido con el nombre de guerra de “Selva”, fue uno de los represores más brutales. Precisamente por eso se lo apodaba “Selva”, ya que reflejaba en sí a todos los animales de la selva a partir de su ferocidad para torturar. Febrés había hecho comentarios a sus allegados de que podía llegar a hablar y dar nombres, sobre todo, de aquellos que habían estado implicados en el robo de bebés nacidos de sus madres secuestradas y luego desaparecidas en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Las primeras investigaciones realizadas por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado demostraron que Febrés había sido asesinado con una impresionante dosis de cianuro. El ex prefecto se llevó su silencio a la tumba y también los nombres y pruebas que posiblemente hubieran permitido avanzar en el robo de niños.

Ahora, el 27 de febrero, se produjo otra muerte dudosa. De la misma manera que se dijo en un principio de Febrés, se sostuvo ahora que el ex coronel Paul Alberto Navone se había suicidado disparándose un tiro en la sien.

Lo cierto es que la muerte de Navone se produjo pocas horas después de haber recibido en su casa una citación de la jueza federal de Paraná, Myriam Galizzi en la causa en la que se lo imputaba por la desaparición de los mellizos de Raquel Gallizi. Los niños nacieron durante el secuestro de su madre en 1976, en el hospital militar de Paraná. Su cuerpo apareció en el parque del hotel que la Fuerza Aérea tiene en la localidad cordobesa de Ascochinga.

Los organismos de derechos humanos hicieron sentir sus reclamos y manifestaron sus dudas sobre el hecho. Aparentemente Navone estaba muy deprimido y era probable que, al igual que Febrés, diera nombres y responsables en la cadena de secuestros y sobre el destino final de los niños robados a sus madres.
Las muertes de Febrés y Navone son otra cara de la impunidad y una muestra más de que este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al igual que el de su marido, utilizan las banderas de los derechos humanos como un elemento de propaganda política, para tratar de dar un perfil progresista, mientras imponen en el plano político, económico y social un programa al servicio de los grandes grupos económicos que se traduce en muchos casos, como en el casino, el hospital francés y los trabajadores petroleros de Las Heras, en represión a los trabajadores.

En efecto, una verdadera política de derechos humanos, incluso limitada a los hechos de pasado como ocurre con los Kirchner, impondría juicios rápidos, detención de los represores en cárceles comunes y juzgamiento por tribunales populares conforme lo establecido en la Constitución.