A la medida de los poderosos

Cristina impulsa una reforma para fortalecer la imposición de un PJ hegemónico, recuperar el maltrecho régimen bipartidista y, fundamentalmente, intentar borrar del mapa político a los que no logra cooptar ni doblegar, a los que apoyan a los trabajadores en sus luchas:  los partidos de izquierda. Por otra parte se burla de la población, ya que aplica medidas cosméticas. Se necesita una Asamblea Constituyente que pueda debatir y decidir sobre los problemas del país; entre ellos, una profunda reforma política.  

Escribe Vilma Ripoll

El gobierno pretenden hacer caer la personería de partidos que se vienen presentando a elecciones, haciéndolos ilegales. También busca limitar la cantidad de partidos que se presentan, creando condiciones más estrictas para ello.
Actualmente un partido puede postular un candidato a presidente si se inscribe en al menos cinco distritos -cualquiera de las provincias y la Capital-. Para ello, debe sumar firmas que representen el 4 por mil del padrón en esas jurisdicciones. La idea del Gobierno sería que suba este porcentaje, o la cantidad de provincias en las que debe presentarse. De esta manera lograrían que fueran muchos menos los partidos opositores, perjudicando fundamentalmente a aquellos de izquierda (precisamente los únicos que no hemos sido cooptados por el poder). Se violenta así el derecho a la representación de franjas enteras de la sociedad que quieren decidir.
Existe otra medida regresiva, inicialmente dictada por Menem y vuelta a aplicar desde el año pasado. Para que los partidos mantengan su personería jurídica deberán tener un piso del 2%, pero no sobre los votos efectivamente emitidos, sino sobre la totalidad del padrón electoral. Si en dos elecciones consecutivas no lo alcanza, el partido pierde la personería. Para lograrla, los partidos debemos llegar a una determinada cantidad de adhesiones y superar los numerosos obstáculos que nos ponen. Por ejemplo, en muchas provincias empezaron a exigir requisitos de afiliación ante escribano público y fotocopia del documento de identidad, lo que implica un despliegue de fuerzas y una erogación de dinero muy difícil de cumplir. Una traba colocada con total premeditación.
Otro punto clave es el financiamiento de los partidos. Ante el reclamo de transparencia, en el año 2002 se sancionó por primera vez en el país una ley que otorgaba a la justicia las facultades para ejercer un estricto control económico a los partidos. Se trataba de la ley 25600. A través de su dictado, se implementó un sistema de ahogo a los partidos más chicos, los cuales al carecer de la estructura interna necesaria para responder a obligaciones estrictamente contables (y más rigurosas que las que regulan a las sociedades comerciales), se vieron privados de percibir los fondos estatales destinados al financiamiento de la actividad política. El PJ, no conforme con la situación planteada por la ley, votó en el 2007 la nueva ley de financiamiento -nº 26215-, que profundiza la política de ahogo a los partidos más pequeños por los mismos motivos que la anterior. Además implanta un sistema de diferenciación entre los distintos partidos teniendo en cuenta la cantidad de votos logrados en las últimas elecciones. Por lo tanto, el sistema de financiamiento vigente favorece notoriamente a los partidos grandes que se llevan 70% de los fondos públicos. Mientras tanto, los partidos más chicos cobran migajas.
Los partidos grandes no cumplen con las pautas de “transparencia “ fijadas por la ley. Por el contrario, se burlan permanentemente de la legislación que ellos mismos votan, al no someter sus finanzas al contralor público. Pero como sacan más votos, tienen más dinero y cobran más del Estado, el sistema se plantea como una efectiva y perversa herramienta legal para logar la desaparición de los partidos chicos como consecuencia de la falta de recursos.
El Estado también dice que habría que impedir que candidatos ligados a crímenes de lesa humanidad integren listas (aunque a Patti le reconocen que puede ser diputado). Quieren que haya elecciones internas en los partidos para elegir sus candidatos, celebrar elecciones 60 días antes de la asunción de las nuevas autoridades, etc.
Más allá de las medidas parciales que nadie rechazaría, las medidas fundamentales que se tomarían tienen tres características: afianzarían el proyecto de lograr un PJ hegemónico y de recomposición del régimen bipartidista, debilitarían a la oposición focalizando el ataque en los partidos más chicos y de izquierda y no tocarían ninguno de los puntos fundamentales que necesitaría una verdadera reforma política.

Otros son los cambios necesarios

Hay que terminar con la Ley de Lemas y las listas colectoras, las cuales fueron usadas por Cristina para sumar votos de distintos candidatos. Los padrones deben ser depurados, ya que están totalmente inflados con personas que ya murieron. Los punteros del PJ llevan a cabo toda clase de fraudes e irregularidades como la de las pasadas elecciones, en las que sacaban las boletas de los partidos opositores, pero dejaban las de Cristina. En este sentido se puede avanzar con la implementación del voto electrónico o la boleta única.
Una muestra del lugar al que apuntan los Kirchner es el Consejo de la Magistratura, donde quieren imponer mano libre para la elección de jueces. Para tener una justicia distinta habría que avanzar en una total democratización del poder judicial mediante la elección directa y la revocabilidad de los magistrados. También habría que implementar Jurados Populares. Los emisarios del poder político, elegidos a dedo, condicionan las decisiones judiciales a través de la corrupción y las líneas impartidas desde el poder político.
Hay que instrumentar mecanismos de decisión y control de la población en todos los ámbitos. Por ejemplo, las últimas elecciones de Córdoba fueron un fraude escandaloso que la población tuvo que salir a enfrentar movilizada. Si fueran controladas por organismos de derechos humanos, representantes de organizaciones civiles, sindicales y estudiantiles sería distinto. Lo mismo ocurriría con la instauración del voto electrónico.
Menem tomaba muchas decisiones por decreto de necesidad y urgencia, lo hacía a un ritmo de 52 por año; Kirchner lo superó con 60 por año y con la ejecución de paquetes que se deciden entre dos o tres funcionarios por encima de cualquier otra instancia, provocando en los hechos un presidencialismo extremo.
Un enorme paso democrático sería eliminar el reaccionario e inútil Senado, reemplazándolo por una Cámara de diputados única que combinara el ejercicio de los poderes legislativo y ejecutivo, con diputados electos proporcionalmente, tomando el territorio nacional como distrito electoral único. Distinto a la actualidad cuando, por ejemplo, con 20 mil votos en una provincia se puede obtener un diputado nacional y con la misma cantidad de sufragios en Provincia de Buenos Aires no se obtiene representación parlamentaria.
Los mandatos tendrían que tener una duración de dos años y ser revocables mediante consultas y plebiscitos de fácil convocatoria, para poder bajar a los funcionarios que tomen medidas contra las grandes mayorías y se burlen de sus propias propuestas electorales con el objeto de engañar a los votantes.
Los salarios de los funcionarios tendrían que ser equivalentes a los de un obrero especializado o de una directora de escuela con 20 años de antigüedad.

Como en Ecuador: Asamblea Constituyente

 Para imponer su modelo económico de concentración de la riqueza en pocas manos, el pago de la deuda a costa del hambre del pueblo, los subsidios millonarios a las empresas privadas y las grandes ganancias de las patronales en detrimento de los salarios de los trabajadores, los Kirchner necesitan un partido hegemónico, un régimen autoritario, patotas y represión.
Los cambios económicos, sociales y políticos que se necesitan para que los trabajadores y el pueblo no sólo dejen de ser perjudicados, sino que sean protagonistas activos en la participación política y los destinos del país no pueden decidirse entre un puñado de iluminados ni “entre gallos y medianoche”.
Si los Kirchner tuvieran un atisbo de democráticos, tendrían que convocar a una Asamblea Constituyente, Libre y Soberana, como se está haciendo en Ecuador y otros países de Latinoamérica. Allí se podría discutir todo: el modelo económico y político, las medidas a tomar al servicio de los trabajadores y el pueblo y los pasos a seguir con la participación plena de la población en los destinos del país. Lo opuesto a la “democracia” de los Kirchner implementada bajo los designios de EE.UU. y aplicada con los Fernández, Moreno, De Vido, D‘Elía y dos o tres funcionarios más, a espaldas de las grandes mayorías.
Esta medida, que sólo puede ser impuesta por la movilización, sería una enorme palanca en el camino hacia la única institución que puede garantizar las máximas libertades individuales y colectivas: un gobierno de los trabajadores y el pueblo.