Derrotar a los separatistas

El pueblo, el proceso revolucionario y el gobierno de Evo Morales viven momentos de tensión ante los intentos de la oligarquía y los latifundistas de la zona del país denominada Media Luna que – apoyados por EEUU– pretenden avanzar en un plan autonomista y separatista orientado a garantizar sus privilegios y derrotar el proceso revolucionario en curso. Pasó el referéndum de Santa Cruz, hay convocados otros tres, y Evo Morales convocó a un referéndum revocatorio para su cargo pero que alcanza también a los prefectos de las zonas separatistas. Se vienen meses clave, donde hacen falta medidas políticas, económicas y sociales que fortalezcan a las bases indígenas, obreras y campesinas para que ganen esta lucha. También es necesaria la movilización y el apoyo internacional a la revolución boliviana.

El intento de los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni de avanzar en la autonomía de esas regiones tiene profundos intereses económicos. El objetivo es garantizarse bajo nuevos estatutos regionales el control de sus tierras y todos los recursos naturales y energéticos de la zona. Estos sectores políticos, que encabezan grandes propietarios de tierras y empresas, rechazan en primer lugar la Constitución aprobada en diciembre de 2007, que en el tema tenencia de tierra fija un máximo de cinco a diez mil hectáreas. Muchos de ellos poseen extensiones muy superiores y anteriormente se permitía 50.000 mil. Al mismo tiempo, como en esta región están las zonas más ricas en gas, intentan garantizarse el derecho a la explotación, utilización y administración de los mismos, dejando así al resto de Bolivia en la más absoluta pobreza.

La debilidad del referéndum de Santa Cruz

El domingo 4 de mayo se realizó el referéndum sobre la autonomía, ilegal porque no contaba con el aval de ninguna instancia nacional habilitada para regir sobre estos temas. Se hizo por decisión política de la oligarquía regional, que por la noche mostraba por televisión sus festejos ante un 85% de votos a favor. La realidad era bastante distinta. En primer lugar, porque un 40% no fue a votar, y un 15% aproximadamente voto en contra o nulo. Con lo cual, más de la mitad de su propia región no apoyó el proyecto separatista. El Comité Cívico, que organiza el proceso, se apoyó en la UJC (Unión de Juventudes de Santa Cruz) para incluso atemorizar o castigar a sectores pobres, con el saldo de un muerto por la represión tras un enfrentamiento. Y como tantas otras veces, la Iglesia jugó a su favor: de hecho el Cardenal Julio Terrazas fue a votar por el SI, agravando la crisis política. Pero lo más dinámico fueron precisamente sectores campesinos y populares que cortaron rutas, hicieron barricadas y enfrentaron de diferentes formas el referéndum. Además, días antes Evo Morales anunció la reestatización de Repsol y la telefónica, buscando fortalecer a su sector en medio de esta disputa. Los otros referéndum programados, Beni y Pando el 1º de junio y Tarija el 22 de junio, tienen esta complicación por delante. A la que se suma la última iniciativa de Evo: convocar a un referéndum revocatorio que obliga a la oligarquía a repensar sus planes.

El referéndum del 10 de agosto

A través de la promulgación de una ley, el 12 de mayo Evo Morales decidió someter su mandato y el de los nueve prefectos del país (una especie de gobernadores) al mandato popular. Es decir, se vota por si el Presidente, el Vicepresidente y los prefectos se van o se quedan en sus cargos, cuando todavía les faltaban dos años y medio de mandato a todos. Evo será revocado si los votos en su contra son superiores al 53%, que obtuvo cuando ganó. Resultado que se le hará difícil de lograr a la oligarquía. Mas difícil es para los prefectos que han sacado todos menos del 50% o del 40%. No es casual que en ese marco el Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, declare sobre la convocatoria de Evo: “creo que ha sido una decisión equivocada totalmente, porque no resuelve la situación, no resuelve los asuntos que hacen crisis política en el país”. Mientras tanto, otros dirigentes opositores piden congelar la consulta. En esta realidad se apoya el cálculo del gobierno del MAS para esta iniciativa, aunque a la vez varios de sus propios dirigentes evalúen levantarlo si se retoma el diálogo, ubicándose mas favorables a una negociación. Los sectores autonomistas, que en el fondo lo que buscan es también terminar de conjunto con el proceso revolucionario, se encuentran ahora con este problema y tienen enfrente a una mayoría indígena y popular que le pide a Evo más fuerza y decisión. Y también “todo lo necesario” para defender el proceso durante estos meses. Llegado el referéndum, tenemos que apoyar y hacer campaña por la continuidad de Evo Morales y del proceso revolucionario, y votando contra los prefectos y su plan autonomista apoyado por EEUU a través de su embajador Philip Goldberg.

Profundizar las medidas atacando los intereses de la oligarquía

El gobierno de Morales ha convocado más de una vez al diálogo. Y lo volvió a reiterar cuando anunció el referéndum de agosto. El vicepresidente Lineras estos días volvió a pedir diálogo, y nuevamente fue rechazado por la oposición. Más allá que al igual que en cualquier pelea es lícito o a veces necesario tener distintas tácticas, creemos que en este momento, con la burguesía intentando consolidar su ataque y exigiendo el reconocimiento de los referéndum autonomistas como condición, lo central debe ser tomar medidas contra sus intereses económicos. En primer lugar, porque si bien el gobierno del MAS representa a los sectores indígenas, campesinos y pobres, el país sigue todavía bajo una estructura capitalista que le da sostén a la política separatista. Hay muchos sectores económicos y millones de hectáreas en manos de la burguesía y los latifundistas. Y la única manera de preparar con más fuerza su derrota en agosto es avanzando en nuevas medidas que vayan poniendo en manos del conjunto del pueblo las riquezas, tierras y bienes del país. Debatiendo una profunda reforma agraria, expropiando las empresas de los sectores que encabezan el plan separatista. Expulsando de las Fuerzas Armadas a quienes no estén a disposición de defender el proceso revolucionario o apoyen a los autonomistas. Y muy importante, facilitando todo el material necesario para que las organizaciones indígenas, campesinas y obreras estén preparadas para defender el proceso y la integridad del país si la oligarquía pretende seguir con su plan. Como bien plantean desde Venezuela los compañeros de Marea Socialista: “También es necesario nacionalizar las empresas que ellos poseen, sus cuentas bancarias en el exterior, sus privilegios impositivos y sus bancos. La cancelación de las concesiones o autorizaciones para funcionar a los medios de comunicación golpistas y separatistas es otra medida fundamental para que no tengan el poder de mentirle más al movimiento de masas boliviano y a la opinión pública internacional”.
En este sentido, es muy necesario también que se manifieste un apoyo internacional efectivo. Chávez ha dicho varias veces que intervendrá si pretenden dividir a Bolivia. Es importante, pero hace falta concretar. Venezuela, Cuba, Ecuador y Nicaragua pueden lanzar un llamado continental a defender a Bolivia y al proceso revolucionario. Y todas las organizaciones socialistas y revolucionarias del continente debemos ser parte de una campaña para derrotar los planes del imperialismo y la burguesía boliviana. Porque además –y en última instancia– lo que se está jugando en Bolivia es la lucha entre un proceso de cambios continental y el imperialismo que quiere recuperar el control sobre toda la región. La mejor manera de afianzar una profundización del avance pasa hoy por derrotar en Bolivia a los separatistas y golpistas.