| Menéndez
en el banquillo de los acusados
Con un retraso de más de tres décadas
el martes 27/05 comenzó, en Córdoba,
el juicio a Menéndez, uno de los
iconos del genocidio argentino. Falta demasiado
para que termine la impunidad pero este
es un paso importante que se logró
con la tenacidad de años de movilizaciones
y escraches en todo el país aunque,
los K, intentaron que los derechos humanos
queden relegados a slogans de campaña.
Como siempre en esta pelea, Vilma Ripoll,
junto a compañeros del MST de Córdoba,
se hicieron presentes en la primera jornada
del juicio exigiendo juicio y castigo como
desde hace 32 años venimos haciendo.
El
General Luciano Benjamín Menéndez
fue, ni más ni menos, que el Comandante
del Cuerpo III de Ejército desde
septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979.
Bajo su mando estuvieron La Perla y La Escuelita
de Famaillá, entre otros centros
clandestinos.
Como varios genocidas, Menéndez fue
indultado en el ‘90 por Carlos Menem.
Recién ahora se sienta en el banquillo
de los acusados en un juicio que intenta
probar el plan sistemático de torturas,
desapariciones, asesinatos y que obligó
a más de un millón de personas
a exiliarse.
El caso “Brandalisis”
El proceso por el que Menéndez llega
a juicio trata el secuestro, las torturas
y los asesinatos de Brandalisis, Palacios,
Lajas y Cardozo en 1977. Esta historia comenzó
el 6/11/77, cuando Humberto Brandalisis
fue secuestrado. Ese mismo día, por
la noche, fue secuestrada su compañera,
Hilda Palacios. Ambos fueron trasladados
a La Perla. También, fue secuestrado,
Carlos Lajas mientras cuidaba a su sobrino
que fue al mismo centro clandestino de detención.
El cuarto secuestro fue el del pintor Raúl
Cardozo que ocurrió el 8/11/77.
Desde sus detenciones, los cuatro fueron
torturados y vivieron en condiciones infrahumanas.
La acusación detalla que en La Perla
existía una oficina «especialmente
acondicionada» para la tortura física
consistente en «violaciones, aplicación
de corriente eléctrica, inmersión
en agua y la asfixia».
El juicio
Además de Menéndez, están
imputados el coronel retirado Hermes Rodríguez,
los suboficiales principales retirados Luís
Alberto Manzanelli y Carlos Vega; el suboficial
mayor retirado Carlos Alberto Díaz;
Oreste Valentín Padován y
Alberto Ramón Lardone.
Esta investigación tiene varios puntos
importantes. Por primera vez, tambalea la
impunidad de los genocidas cordobeses. Además,
se quiere probar el plan sistemático
de la dictadura militar. Pero, también
el juicio ya reflejó, las contradicciones
de una justicia lenta en la que continúan
trabajando muchos cómplices de la
dictadura que hasta ahora, junto con los
gobiernos de turno, lograron frenar las
causas que se tramitan en todo el país.
En las puertas del juzgado eran miles los
militantes de derechos humanos, de agrupaciones
políticas y sociales que esperaban
a los genocidas. Los militantes del MST
habían comenzado desde temprano una
vigilia. Las voces de miles de cordobeses
repudiando a los asesinos y exigiendo justicia
se hicieron escuchar. Una maraña
de banderas se veía desde lo lejos.
Vilma Ripoll, que viajó especialmente
a Córdoba, dijo “Creo que
es un hecho histórico por el nivel
de impunidad y soberbia, y la actitud de
enfrentamiento sistemático que han
tenido, que mostraban la ferocidad con la
que actuó Menéndez. Por esa
jerarquía, es que esto es un hecho
nacional, y un mérito de los organismos
y las organizaciones que nos movilizamos
durante tanto tiempo. Dentro de los que
hoy están siendo enjuiciados, muchos
no tienen 70 años y tienen que ir
a la cárcel efectiva. Hay que avanzar
en el desmantelamiento de los aparatos represivos
que aún tienen integrantes que participaron
de la represión. Incluso en la Justicia
hay cómplices, y esos también
tienen que estar afuera.
Este cuarto intermedio por el malestar de
uno de los imputados, muestra el privilegio
que tienen y permite demostrar a la sociedad
la diferencia entre un genocidio realizado
desde el estado.”
El juicio esta a cargo de Jaime Díaz
Gavier que preside el Tribunal Oral Federal
N° 1 y Carlos Otero Álvarez y
José Vicente Muscará. Son
32 los testigos que aportaran datos a lo
largo del juicio y por ende, este podría
extenderse hasta agosto. Según los
jueces, todos los testigos están
siendo protegidos.
Paralelamente en los últimos días
se conoció la noticia de que en Buenos
Aires, será juzgado Aztiz, el Tigre
Acosta y Penías por el asesinato
de las monjas francesas y la fundadora de
Madres, Azucena Villaflor. Lo que no dijeron
con el mismo énfasis los medios es
que el juicio no comenzará antes
del 2010. La lentitud de todos los juicios
comienza a garantizar la impunidad de muchos
genocidas que mueren repudiados socialmente
pero siendo considerados inocentes.
Cómo en todos los casos de derechos
humanos que se juzgaron, como en todos los
casos que faltan por juzgar, sólo
el clamor y la movilización popular
lograrán que en la Argentina se aceleren
los juicios y se termine con la impunidad.
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