| "Kirchner
impone leyes represivas
por orden de Bush"
Reportaje: Pablo Vasco
La
compañera Patricia Walsh, diputada
electa de la Ciudad de Buenos Aires, es
una destacada luchadora por los derechos
humanos en Argentina. Aquí nos comenta
sus opiniones sobre la persistencia de la
impunidad bajo el gobierno de Néstor
Kirchner y, en especial, sobre la nueva
legislación “antiterrorista”
aprobada en junio pasado.
El gobierno de Kirchner, dentro
y fuera del país, dice defender los
derechos humanos...
Es una tergiversación perversa de
la realidad. Incluso su candidata presidencial,
la senadora Cristina Fernández de
Kirchner, lo repitió en sus últimas
giras por el exterior. Pero ni el presidente
ni su esposa han defendido los derechos
humanos en el pasado, ni en el presente.
Durante la última dictadura militar,
siendo abogados, no presentaron un solo
hábeas corpus por compañeros
desaparecidos. Ya en democracia, no fueron
a una sola marcha por los derechos humanos
ni reivindicaron esta lucha, la más
legítima de las que se dan en nuestro
país. Se apropiaron de banderas que
desde el movimiento de derechos humanos
venimos sosteniendo hace más de tres
décadas, para manipularlas en su
beneficio político. Han cooptado
a importantes referentes de los organismos
históricos de derechos humanos, y
hasta se autoadjudican la nulidad de las
leyes de impunidad, que logramos desde nuestra
propia banca legislativa, acompañada
por la presión y la movilización
popular, cuando jamás antes lo habían
propuesto, y el propio bloque del Partido
Justicialista-Frente para la Victoria ni
siquiera tenía un proyecto legislativo
en ese sentido.
El presente tampoco habla del respeto a
los derechos humanos, sino al contrario.
La gran mayoría de los indultos a
genocidas que firmó Carlos Menem
aún sigue sin ser anulada. Tenemos
al compañero Julio López desaparecido,
al docente Carlos Fuentealba asesinado,
a la Gendarmería todavía instalada
en Las Heras y sigue el ‘gatillo fácil’
de la policía. Hay miles de luchadores
populares procesados y también hay
presos por luchar, presos políticos.
Por eso sectores del pueblo están
viendo que los hechos contradicen el discurso
oficial. Además, de las masacres
de diciembre del 2001 y del Puente Pueyrredón
en 2002 no hay un solo responsable político
juzgado ni condenado. Y mientras sostiene
esta impunidad, Kirchner impuso en el Congreso,
por orden de George Bush, una nueva legislación
represiva con el argumento del “antiterrorismo”.
¿Cuál es el contenido
de esa ley?
En realidad, lo que han votado es
una reforma del Código Penal. Ya
el artículo 213 bis de este Código
se usó años atrás para
perseguir a los opositores políticos.
Ahora el gobierno agregó los artículos
213 ter y quater1 . Sus ambigüedades
permitirían calificar de “terrorista”
a cualquier acción popular que intente
cambiar una medida gubernamental, con el
objetivo de seguir penalizando la protesta
social.
Pero además, se legisló bajo
presión del GAFI. El GAFI es el Grupo
de Acción Financiera Internacional
sobre Lavado de Dinero, un organismo internacional
al servicio del imperialismo que Argentina
integra desde el 2000. Como el 27 de junio
se reuniría el GAFI en París,
exigían votar antes la ley para demostrar
que Argentina da “seguridad jurídica
para las inversiones internacionales”...
En el afán de aprobar rápido
esta norma, los diputados incumplieron hasta
los pasos reglamentarios formales. La Comisión
de Legislación Penal se reunió,
para debatir el proyecto y emitir dictamen,
sin el quórum reglamentario. Entonces
directamente recolectaron las firmas en
forma individual y llevaron el tema a votar
a la sesión con una mayoría
simple, cuando lo cierto es que requería
una mayoría especial.
En resumen, el 20 de diciembre de 2006,
justo en el aniversario del Argentinazo
de 2001, Néstor Kirchner envió
el proyecto al Senado. Allí lo defendió
la senadora Vilma Ibarra y se aprobó
con un solo voto en contra. Luego, en Diputados,
la defensa estuvo a cargo de la diputada
Rosario Romero. Y lo aprobaron, obedientes,
los bloques del PJ-Frente para la Victoria
y de la UCR. Votaron en contra el ARI, el
PS, el diputado de izquierda Carlos Tinnirello
y algún otro. El derechista PRO de
Mauricio Macri y Ricardo López Murphy
tampoco lo votó, pero porque quería
aún más dureza represiva.
Pero esa ley tenía
antecedentes...
 Así
es. Ya en marzo de 2005, como diputada nacional,
denuncié y voté en contra
de otros dos instrumentos jurídicos
“antiterroristas” que impuso
Kirchner y que ni siquiera Carlos Menem
había logrado hacer aprobar: el Convenio
Internacional para la Represión de
la Financiación del Terrorismo y
la Convención Interamericana contra
el Terrorismo. La ratificación de
ambos obligaba a adecuar la legislación
nacional, como alerté entonces, y
ahora se concretó (2).
A partir del atentado a las Torres Gemelas,
la Administración Bush endureció
las leyes en su propio país, por
ejemplo con el Acta Patriótica que
recorta libertades democráticas,
y presionó para que en América
Latina se modifiquen los códigos
penales. Por eso el GAFI busca igualar lavado
de dinero a terrorismo, cuando es sabido
que el lavado tiene otros fines.
En octubre de 2005, en la IV Cumbre de las
Américas en Mar del Plata y ante
el propio Bush, Kirchner se comprometió
a avanzar con esa legislación. Lo
mismo hizo en septiembre pasado ante la
Asamblea de la ONU. Y lo mismo hizo su esposa
en sus reuniones con el Consejo Judío
en Venezuela y con el Comité Judío
Americano en Washington. Este “gobierno
de los derechos humanos” cumplió
así las órdenes directas del
imperialismo norteamericano y sus socios,
promotores, ente otros crímenes,
de la guerra contra Irak, las agresiones
en Medio Oriente y la militarización
de la Triple Frontera, todo en nombre de
“combatir al terrorismo”.
Hemos repudiado esta ley desde toda
la izquierda; los organismos de derechos
humanos y organizaciones que integramos
Memoria, Verdad y Justicia; la Asociación
de Abogados de Buenos Aires y la Asociación
Americana de Juristas, entre muchos otros.
Como bien me dijo Nora Cortiñas,
Madre de Plaza de Mayo, el día que
estuvimos en esa vergonzosa sesión
donde se aprobó la ley: “Si
el gobierno y el Congreso no quisieran financiar
al terrorismo deberían dejar de pagar
la deuda externa, porque los mayores terroristas
del mundo son Bush y los Estados Unidos”.
Notas
1 El art. 213 ter crea la figura de “asociación
ilícita terrorista”. Y considera
así a quienes pretendan “aterrorizar
a la población u obligar a un gobierno
o a una organización internacional
a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”,
si “propagan el odio étnico,
religioso o político” y tienen
“armas de guerra, explosivos, agentes
químicos o bacteriológicos
o cualquier otro medio idóneo para
poner en peligro la vida o integridad de
un número indeterminado de personas”.
El art. 213 quater reprime a quien aporte
dinero o bienes para cometer ese supuesto
delito “independientemente de su acaecimiento”;
o sea, aunque el hecho ocurra o no...
2 “Cuando nosotros bajemos a tierra
[el contenido de estas leyes] y lo incorporemos
al Código Penal, cosa que no se ha
producido pero es inminente, nos vamos a
dar cuenta que se trata de una herramienta
para criminalizar mejor la protesta social,
con penas más duras.” (diputada
Patricia Walsh, versión taquigráfica
de la sesión de la Cámara
de Diputados de la Nación del 30/3/05,
en la cual se aprobó la Ley 26024)
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